¿El no pago de cotizaciones puede involucrar penas de cárcel para el empleador?

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Respuesta:

          Dada la forma en que está organizado el actual sistema de capitalización individual, es el trabajador quien debe proveer los dineros necesarios para ir acrecentando su fondo, que con posterioridad servirá para calcular el monto definitivo de su pensión al momento de jubilar. Sin embargo, a objeto de evitar que estos, una vez recibida la remuneración, destinen sus ingresos a otros fines, la ley ha dispuesto que antes que dichos dineros lleguen a sus manos, sean retenidos por el empleador, para que sea éste, a nombre del trabajador, quien proceda a realizar el cumplimiento de esta obligación previsional ante el organismo respectivo.

        No obstante, en la práctica existen muchos trabajadores que poseen lagunas en el pago de sus cotizaciones, cuestión que reviste gravedad si se considera que aquello involucra una menor pensión al momento de jubilar. En otros casos, también es muy común ver como los trabajadores se han visto impedidos de acceder a ciertas prestaciones de salud por la falta de pago de sus cotizaciones. Es por tal razón que el legislador ha establecido diversos mecanismos destinados a evitar la ocurrencia de hechos como los ya descritos, todos los cuales buscan disuadir y conminar a los empleadores a dar efectivo cumplimiento a sus obligaciones previsionales.

            En este sentido, y por regla general, la mayor parte de las sanciones que establece la ley son de naturaleza civil. De esta forma, encontramos la imposición de multas, pago de reajustes e intereses penales, entre otras. Sin embargo, la ley también ha establecido la posibilidad de imponer apremios físicos en contra del empleador que, habiendo sido requerido de pago de las cotizaciones, se niega a enterar los fondos dentro de un plazo determinado (artículos 12 y 14 de la Ley N.° 17.332).

            Con todo, el legislador ha establecido, además, el delito de apropiación indebida de cotizaciones previsionales, y que en definitiva, busca sancionar a aquellos empleadores que dolosamente se apropian de estos dineros, manifestando por signos externos su total falta de voluntad de hacer entrega de ellos, tal y como le impone la ley. Dicha figura, involucra la interposición de una Querella Criminal por parte de la institución previsional o bien por  propio trabajador ante el Juzgado de Garantía correspondiente.

            En síntesis, ante el incumplimiento del pago de cotizaciones previsionales, de salud y de seguridad social (AFC, AFP, ISAPRE, FONASA, mutualidades, etc), ya sea que el empleador adeude una o más cuotas, y haya sido o no, despedido o auto despedido,  será posible ejercer por parte de la institución previsional o por el propio trabajador la acción de cobro de las mismas ante los Juzgados de Cobranza Laboral y Previsional. Y sin perjuicio de aquello, en tanto que el trabajador es dueño de ese dinero, al ser retenido ilegalmente por parte del empleador, se podrá, además, interponer en contra de éste último una Querella Criminal por el delito de “apropiación indebida de cotizaciones previsionales” de conformidad a lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley N.° 17.332, norma que dispone que: “Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 12 y 14 de esta ley, se aplicarán las penas del artículo 467 del Código Penal al que en perjuicio del trabajador o de sus derechohabientes se apropiare o distrajere el dinero proveniente de las cotizaciones que se hubiere descontado de la remuneración del trabajador.” Por lo anterior, se hace necesario tener pleno conocimiento de la existencia de este Delito que, en definitiva, permite perseguir la responsabilidad penal del empleador que se ha apropiado ilegalmente de dineros que no le pertenecen, pudiendo ser sancionado con una pena privativa de libertad de presidio o reclusión menor (61 a 5 años), y multa de 1 a 30 Unidades Tributarias Mensuales (UTM) ($48.353 a $1.450.590 aproximadamente), según el monto de la defraudación.

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