La «Ley de Inclusión» y el derecho de los padres o madres que no cuentan con el cuidado personal de los hijos.

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A partir del día 01 de marzo de 2016 comenzó a regir la llamada Ley de Inclusión. Ya a través de variados medios de comunicación se ha podido conocer algunos de los aspectos y alcances de la Circular N.° 0027 de la Superintendencia de Educación, tales como la prohibición de suspender a los alumnos por su presentación personal, o bien por no llevar útiles escolares, cuestiones todas asociadas al ejercicio del principio de no discriminación. Con todo, existe otro aspecto contenido en dicha Circular que llama la atención y que dice relación con la concreción de los derechos garantizados en el artículo 9, inciso 2°; artículo 10 letra b, inciso 1° y artículo 11 inciso 8°, todos de la Ley General de Educación (LGE). En definitiva, es por medio de esta Circular que se fija el sentido y alcance de las disposiciones sobre derechos de los padres, madres y apoderados en el ámbito de la Educación. De esta forma se consagra el derecho que tendrán los padres o madres que no cuentan con el cuidado personal de los hijos, a ser escuchados e informados por los Colegios en lo relativo a la situación escolar éstos. Desde nuestro punto de vista, dicha aclaración contenida en la Circular referida viene a zanjar lo que en la práctica venía ocurriendo, esto es, la negativa de escuchar y entregar información a aquel de los padres que no figuraba registrado como apoderado del alumno o alumna, contraviniendo con ello no solamente lo dispuesto en el artículo 19 N.° 10 de la Constitución Política de la República, la que establece que los padres tienen el derecho preferente y el deber de educar a sus hijos, correspondiendo al Estado otorgar especial protección al ejercicio de dicho derecho, sino que también infringe lo dispuesto en el inciso 1° del artículo 224 del Código Civil, norma que consagra el denominado principio de corresponsabilidad, en virtud del cual ambos padres, vivan juntos o separados, participan en forma activa, equitativa y permanente en la crianza y educación de los hijos comunes. En este sentido, se ha de advertir que la corresponsabilidad no queda limitada aquellos casos donde exista establecido un régimen de cuidado personal compartido o régimen de relación directa y regular, sino que se aplica cualquiera sea el tipo de régimen comunicacional o de cuidado personal existente. Por su parte, la Convención Internacional de los Derechos del Niño, establece en varios de sus preceptos, específicamente los artículos 5°, 9° y 18°, la obligación de los Estados en cuanto a respetar las responsabilidades y los derechos de los padres y madres en la crianza de los hijos, de tal manera que con la entrada en vigencia de esta llamada "Ley de Inclusión" no se hace más que dar cumplimiento con un mandato Constitucional y que por medio de la sistematización de la LGE, se explicita claramente como un imperativo no solamente para los establecimientos educacionales sino también para sus autoridades. Por último, en cuanto a las limitaciones de este derecho, la Circular dispone que solamente las resoluciones de los Tribunales de Justicia podrán restringir el ejercicio de este derecho, ya sea a través de medidas cautelares en favor del alumno o alumna, como lo es una prohibición de acercamiento, o  bien por medio de aquellas que dispongan una restricción para el padre o madre, respecto del alumno o alumna, en el ámbito escolar. En conclusión, fuera de estas situaciones en las que estaría directamente afectado el padre o madre en relación al hijo o hija, no existiría otras causales por las que los establecimientos educacionales puedan prohibir otorgar información o participación a quien no cuente con el cuidado personal de los hijos.   

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